(LUNES 15 DE MARZO, 2021-EL JORNAL). Al menos un empresario ligado con los llamados “Papeles de Panamá” aparece en la sociedad privada a la que el gobierno transfirió datos sensibles de más de un millón de personas que solicitaron el bono “Proteger”, en ocasión de la pandemia Covid 19.
Se trata de la empresa “Continum DataCenter”, con cédula jurídica 3-101-714525, domiciliada vía a los Angeles de Tilarán, debidamente inscrita al tomo 2016, asiento 271973, consecutivo uno, con fecha de expiración hasta el año 2116,según certificación expedida por el Registro de Personas Jurídicas.
Se constituyó con un capital social de ₡ 1.000.000 su representación judicial está a cargo de su presidente, Adrían Lachner Castro, su vicepresidente, Bernal Rodriguez Quesada. Como tesorero figura Alvaro Antonio Fernández Gomez; en tanto el tesorero es Hugo García Benavidez, según documentación oficial extendida por el Registro Público a El Jornal. Fue constituida por el notario Luis Fernando Castro Gómez mediante escritura número 78 del tomo del protocolo 13.
La fiscalía está ocupada por Roberto Truque Harrington, un conocido líder del “Gobierno corporativo de Costa Rica”, que tiene como fines “llevar buenas prácticas del gobierno corporativo a las empresas”(https://youtu.be/Ou6kobDaKLw).
Según el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, informaron sobre el acceso a documentos secretos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, al que medios internacionales consideran como el cuarto proveedor mundial de paraísos fiscales, Lachner Castro aparece mencionado en dicha investigación ( ver: www.offshoreleaks.icij.org, y diario Extra 9/3/2021). La revelación incluye más de 11,5 millones de informaciones internas y en las que detallan la manera en que miles de personas ocultaron su patrimonio en sociedades situadas en paraísos fiscales.
Como se recuerda, la empresa Continum Data Center S.A. fue encargada de desarrollar el sistema y el mantenimiento del sistema del bono Proteger, cuyos datos de personas se suponía estaría bajo control de dependencia estatales, como el Ministerio de Trabajo y Seguridad social, cuando su titular era Geannina Dinarte Romero, actualmente a la cabeza del Ministerio de la Presidencia.
Datos que trascendieron últimamente en la prensa local dan cuenta que el fraude con la entrega de supuestos beneficiados con el bono Proteger ronda los ₡ 15 mil millones.
La Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), cercana a los últimos gobiernos, según el dirigente empresarial Roberto Truque Harrignton, consignó que la venta de alimentos a la Comisión Nacional de Emergencia para atender la emergencia de la pandemia se hizo de forma transparente.
Entre los connotados empresarios que han formado parte de la AED figuraron, entre otros, Luis Javier Castro, por la empresa «“ Mesoamérica”,Alexandra Kissling «“ Corporación Rostipollos”, David Gutiérrez «“ BLP Abogados”, Alejandra Cobb «“ Procter & Gamble”, Yolanda Fernández «“ Walmart de México y Centroamérica”,Gisela Sánchez «“ Florida Bebidas”,
Gerardo Corrales “BAC Credomatic”; Jaime Jiménez “Grupo Jotabequ”; Karla Blanco INTEL,Roger Carvajal «“ Grupo ICE”; Franco Pacheco, “Musmanni”; Alfredo Montealegre “BRICK”; Alberto Borbón “ Hulera Costarricense” y Paul Bornemiza “ AVON”.
Pacheco, quien actualmente es el presidente de la AED salió así al paso del anuncio hecho por el Ministerio Público en torno a que investigará a cinco altos burócratas del gobierno. Se trata, según la Fiscalía, del Ministro de Hacienda, Elián Villegas, de planificación y política económica Pilar Garrido, el Coordinador con el sector empresarial, André Garnier y de trabajo y seguridad social, Silvia Lara.
Este equipo forma parte de los costarricenses que estima “excesivos” los gastos del gobierno, abogan por cambios en el sector estatal, buscan un salario global y considera que un préstamo del FMI por $ 1700
no socavará la soberanía de la nación ni la dignidad de los costarricenses.
*Periodista, abogado y notario por la U.C.R
