Vladimir de la Cruz*
(VIERNES 08 DE DICIEMBRE-EL JORNAL). Lo que en derecho policial y penal se acepta, cuando se está ante un acto delictivo, en curso, o en proceso de ejecución, un robo, un crimen o asesinato, elaboración, o diseño de actos, que por su naturaleza pueden provocar un ilícito, o una cadena de ellos, es que quien se entera puede tratar de intervenir para prevenirlos o actuar con ese mismo propósito.
Una forma de actuación puede ser recabando pruebas, documentándolas, obviamente sin la autorización del presunto delincuente, malhechor, instigador, organizador o director del acto delictivo, o eventual actor directo o indirecto por complicidad manifiesta, o por constituirse de hecho en el autor intelectual del ilícito.
La ley regula de manera efectiva que los Tribunales de Justicia podrán autorizar el registro, el secuestro o el examen de cualquier documento privado, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos penales sometidos a su conocimiento.
Estos documentos privados entre otros pueden ser la correspondencia epistolar, por fax, télex, telemática o cualquier otro medio; los videos, los casetes, las cintas magnetofónicas, los discos, los disquetes, y cualquier otra forma de registrar información de carácter privado, utilizados con carácter representativo o declarativo, para ilustrar o comprobar algo.
Igualmente, el Juez cuando resulte indispensable para averiguar la verdad, podrá ordenar, de oficio, a petición de la autoridad policial a cargo de la investigación, del Ministerio Público o de alguna de las partes del proceso, el registro, el secuestro y el examen de cualquier documento privado, siempre que pueda servir como prueba indispensable de la comisión de alguna conducta delictiva.
Se anula este acto de decomiso cuando la autoridad lo realiza sin autorización de un Juez, para garantizar el no abuso de la autoridad represiva encargada de estos decomisos.
En las investigaciones policiales o judiciales los tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales, cuando involucre, entre otros, el esclarecimiento de delitos como la corrupción agravada, la legitimación de capitales, los delitos de corrupción contra los deberes de la función pública como el cohecho impropio, cohecho propio, corrupción agravada, aceptación de dádiva por acto cumplido, corrupción de jueces, penalidad del corruptor, concusión, prevaricato, peculado, malversación, peculado y malversación de fondos privados, enriquecimiento ilícito, legislación o administración en provecho propio, sobreprecio irregular, tráfico de influencias, soborno transnacional, influencia en contra de la Hacienda Pública, fraude de ley en la función administrativa.
De esta lista de figuras delictivas no están exentos quienes ocupan cargos altos en la Administración Pública, desde el Presidente de la República para abajo.
Si un funcionario público es obligado, por su superior jerárquico, a realizar actos que considera que no debe hacerlos, puede abstenerse de ejecutarlos; o ejecutarlos salvando su responsabilidad; cuidando, hasta donde pueda su espalda.
La intervención de las comunicaciones orales o escritas se puede ordenar cuando pueda servir como prueba indispensable de la comisión de alguna de esas conductas delictivas, y otras establecidas en la Ley. Esto cuando se está ante el estudio o investigación de delitos. Pero, cuando de facto, el funcionario entiende que se está tramando, urdiendo, una planificación delictiva, ¿cómo debe proceder? ¿Informando a la autoridad judicial, cuando ya ha pasado la conversación, o las conversaciones a las que se le integra, sin poder coordinar con la autoridad competente, para que le permitan grabar una conversación donde se dan directrices, o se evidencia lo que se planifica en esos sentidos? ¿O, si tiene la posibilidad de grabar, hasta para salvar su propio “pellejo”, y lo hace, sin autorización y sin el consentimiento del “autor” o “director de la orquesta delictiva”, sabiendo que con ello evidencia el ilícito, que terminó materializándose?
Cuando el Juez ordena la intervención indica que se vele porque la intervención se realice de la manera menos gravosa para terceras personas no investigadas, es decir, que comprenda únicamente a los involucrados en la trama que se monta o ejecuta.
Lo que está servido en la mesa nacional, como gran banquete, es tratar de investigar a altas autoridades de gobierno, como es el caso que está sonando, que se está destapando, por las grabaciones que ha aportado, para el conocimiento público, la exministra de comunicación Patricia Navarro Molina, de actos que en su momento consideró que atentaban contra la Ley y la ética.
¿Qué es lo que se discute o debe discutirse? Se planeó un contrato por servicios de comunicación, utilizando fondos aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, para diseñar aspectos de estrategia de comunicación del gobierno. Se dijo que los fondos debían llegar a nombre de la Ministra para poder justificar, ante el Banco, el destino de esos fondos. Simultáneamente a esto se establecía un contrato con una empresa para realizar esa estrategia comunicativa.
Uno de los objetivos de esa estrategia era ejercer el control total de la publicidad institucional, de las instituciones del Estado y del gobierno, centralizadas y descentralizadas.
El beneficiado directo de esa contratación había redactado los requisitos y términos de la contratación, que finalmente le fue adjudicada; aspectos que se habían elaborado con el asesor de imagen de mayor confianza del Presidente, y jefe político de uno de sus partidos políticos, que operan intelectualmente desde Zapote. La empresa le da un nocaut al gobierno.
De manera gerencial, el inquilino de Zapote exigía la ejecución de los trámites y de las directrices que había dado, teniendo los dineros el actual Ministro de Comunicación, para soltarlos. La ministra Patricia Navarro se sentía zarandeada; que estaba siendo usada para limpiar una mezcla de políticas o acciones que no le parecía compartir por razones legales y éticas. La tenían disminuida, poco valorada, usada, irrespetada, como cucaracha en bisagra.
De los elementos graves que han trascendido, por lo manifestado por la exministra Patricia Navarro, es que supuestamente el Presidente tiene información de jerarcas institucionales, que eran vigilados; que algunos “huelen a droga y a desviaciones”, de manera que si no juegan como el Presidente quiere los “decapita”. Incluso, dijo, que al efecto tenía “chanchitos” y “perritos” que realizaban esas tareas olfatorias. Se dijo, también, que funcionarios sufren el autoritarismo presidencial siendo hostigados y perseguidos por órdenes emanadas del Mandatario, por la presión existente alrededor del dinero para la publicidad.
También, se destacó, ¿o destapó?, que para el Presidente la democratización de la pauta publicitaria era torcer el brazo a los periodistas para que solo hablen bien de él. De hecho, el mandatario no acepta que ninguno de sus ministros y subalternos puedan tener más ranking publicitario, o reconocimiento, en encuestas, que él. De igual manera, ha ejercido presión para disminuir pauta publicitaria en empresas que el Presidente ha señalado, casi colocando “una pistola en la cabeza” de funcionarios estatales. La “decapitación”, manifestada por el Presidente, se tradujo en una institución en que “rodarían cabezas si no se hacía lo que el Presidente quería”, respecto al traslado de una pauta publicitaria.
A uno de los bancos estatales le anunció la posibilidad de “darle unos golpecitos si no se sometía a estas políticas publicitarias”.
Al estilo hitleriano, el gobierno ha entendido que si no controla la comunicación, la “propaganda” oficial, se desmorona ante el pueblo. Aun cuando el Presidente todavía tiene importantes índices de popularidad y aceptación, las encuestas vienen señalando esa caída, no por la mala o falta de propaganda oficial, sino porque la gente no está viendo nada de obra real del nuevo gobierno, contra el encarecimiento de la vida y de la canasta básica, contra el desempleo creciente, contra el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, contra el congelamiento de los salarios e ingresos, contra la inseguridad ciudadana, el sicariato, la lucha contra la corrupción, la lucha contra las drogas, ni por evitar que Costa Rica sea, en este momento, la bodega de droga más grande del continente, lo que puede generar sospechas si hay complicidades importantes y comprometidas de altas autoridades de Seguridad Pública, de la lucha contra las drogas y de la propia Casa Presidencial.
Si alguna persona, que sepa leer correctamente, duda del estilo autoritario, dictatorial, tiránico, casi fascista, entronizado en el Poder Ejecutivo, con la intención de aumentar por la fuerza las potestades del Poder Ejecutivo; de disminuir las capacidades legislativas y judiciales; de disminuir y acabar con el prestigio de estos Poderes de Estado, de anular las exclusividades y especificidades de sus funciones constitucionales, y asumirlas hasta donde el Presidente cree que puede hacerlo, lo que tiene que hacer es leer, despacio, con serenidad, la información que esta semana se ha dado, en medios de comunicación escritos, sobre lo que se desprende de la valerosa actitud de la exministra Patricia Navarro, de dar a conocer toda la porquería, la inmundicia y suciedad que hay en la Casa de Gobierno.
La amenaza de llevar a la exministra Patricia Navarro y al periódico La Nación a los tribunales penales no tapa la realidad de lo denunciado, de lo evidenciado en las grabaciones, que son delitos graves contra la probidad pública. Nada de lo que dijo la exministra se ha dicho que sea falso. Los audios que han provocado el escándalo y la amenaza ante los tribunales no han sido desmentidos por los involucrados en ellos. Esto es lo que debe investigarse, los hechos de corrupción y tráfico de influencias evidenciados y puestos en conocimiento público.
Los que deben ir a la cárcel, si así fuera, son los que han cometido delitos contra los deberes de la función pública, qué es lo que está expuesto.
El Presidente Chaves, si fuera consecuente, debería premiar y garantizar la protección de la exministra denunciante de los actos de corrupción como planteaba en la ley que quiso tramitar en la Asamblea Legislativa.
Cada vez más se evidencia la existencia de una orquesta presidencial de músicos; una banda formada por un conjunto de intérpretes musicales desatinados.
No es un choreco lo que allí gobierna. Se ha puesto en evidencia que es un chorizo de antojos, chineos y cariñitos…O, mejor dicho, un gobierno de antojados, chineados y encariñados…con las mieles del Poder.
De seguir así, escándalo tras escándalo, acusación tras acusación, denuncia tras denuncia, todo relacionado con corrupción, el gobierno de Chaves entra en la recta final de su caída; se coloca en la curva del tobogán. En esa curva, puede llegar a una estrepitosa caída, en la cual las escasas luces de su gobierno, ya titiritan, y se irán apagando hasta provocar una oscuridad absoluta.
¿Estaré equivocado? Hoy apenas es 8, no 28 de diciembre.
*Historiador y escritor.
