(SAN JOSÉ, COSTA RICA, 27 DE OCTUBRE, 2016-EL JORNAL). La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) desautoriza el cobro de ¢100 adicionales que Coopesantos ha realizado desde mayo de 2016, con el fin de favorecer a los comités de Cruz Roja del área cubierta por la cooperativa.
Ante una inquietud de un abonado, EL JORNAL efectuó la consulta a la ARESEP, la que aseguró que en el cobro del servicio de electricidad no puede incluirse el cobro adicional de los ¢100.
En la asamblea de Coopesantos número 57, efectuada este año, Carlos Solís Porras, de Santa María de Dota, presentó la moción para que a cada abonado de los más de 43000 que tiene la cooperativa, se le rebajaran ¢100, que irán, por partes porcentuales, a los comités de Cruz Roja de Dota, Tarrazú, León Cortés, Frailes de Desamparados, El Guarco, Corralillo, San Juan Sur, Acosta, Mora y Aserrí.
Según ARESEP, Coopesantos no puede rebajar los ¢100 del recibo mediante el cual cobra el servicio eléctrico que brinda en la región.
“En los recibos de servicios públicos debe cobrarse únicamente lo relacionado con la prestación del servicio y de acuerdo con las tarifas aprobadas por la ARESEP”, precisó Ana Carolina Mora, vocera de esa institución.
De acuerdo con dicha entidad, otros cobros o contribuciones deben hacerse mediante un documento adicional al recibo.
“Cualquier otro cobro adicional (donativos, contribuciones, rifas, etc.) deben consignarse en un documento aparte y ser de pago voluntario por parte del usuario”, detalló.
Respecto al tema, Coopesantos explicó que la asamblea de asociados sí tenía la potestad para establecer esos ¢100 colones adicionales.
Al insistirle sobre la posición de ARESEP, Juan Castro, vocero de la cooperativa, dijo que lo acordado está dentro de las potestades que tiene la asamblea de delegados y que ello se inscribe dentro del régimen cooperativo.
“Cada asambleísta representa a un grupo de 100 asociados y la asamblea tiene la autoridad para tomar ese tipo de acuerdos”.
Castro expresó que “el asociado que no quiera donar los ¢100, que se presente a las ventanillas de la cooperativa y pida que no se le haga el rebajo”.
Coopesantos ya entregó los montos correspondientes a junio, julio y agosto a los citados comités. De esta manera, la Cruz Roja de Acosta recibió ¢2, 763.500; Tarrazú ¢1,255.600; Dota ¢1,080.000; León Cortés ¢948.100; Corralillo y San Juan Sur ¢810.000 y Mora ¢807.700. En total, la cooperativa ha entregado ¢8, 604.600.
El abogado y periodista Rafael Ugalde, expresó, ante consulta de este medio, que “aunque el fin es bien intencionado, por tratarse de un cobro o rebaja debe de tener la aprobación de ARESEP y no basta con que así lo haya definido una asamblea de delegados”.
“Si la cooperativa no corrige el procedimiento, podría verse en problemas legales en los Tribunales de Justicia, porque en el fondo lo que hace, con el cobro adicional de los cien colones, es una extracción del patrimonio de los abonados”, afirmó.
Agregó que “la única instancia que puede aplicar gravámenes es la Asamblea Legislativa y que, por lo tanto, Coopesantos, con el rebajo de los ¢100, se ha excedido en su capacidad legal”.
Leí al colega de la Cruz Roja; colega porque en mis tiempos de juventud fui socorrista de la Cruz Roja de Montes de Oro, alcanzando algunos grados otorgados por el recordado capitán Anchía de Barranca de Puntarenas. GRACIAS a la Cruz Roja y al Dr Rodrigo Jiménez López aprendí a soturar heridas, inyectar, sobre vivir en montaña con los recursos eistentes, administración de algunos medicamentos en casos de emergencias superiores,etc. Sé el sacrificio que hace la Benemérita;sin embargo, como abogado, no puedo justificar lo anterior por más repleto de buena fe que haya tenido la cooperativa. Desmiento categoricamente a todo aquel cooperativista, empresario o sindicalista que, amparados a una ley general (código de trabajo, de comercio o ley cooperativa) me venga a hablar de potestades especiales en materia de alzas de tarifas (no importa cómo disfracen la estrategia) por encima de la SUGEF. O la ignorancia nos quiere hacer pasar por super dotados o la soberbia nos está haciendo malas jugadas y nos condena a conclusiones sin pies ni cabeza.
Una carga impositiva de cien colones a los abonados de COOPESANTOS es eso: una carga y punto. Estoy seguro de que ninguno de los delegados en la famosa asamblea aportó las actas de los asociados que dieron el visto bueno a esta alza en el servicio público. Esta deficiencia no puede corregirse diciendo que quien no esté de acuerdo que pase a la Cooperativa a manifestar su rechazo; así no se arreglan los desafueros desde la óptica del derecho. Un abonado que no aprobó el alza y cuya alza no está justificada como ordena la ARESEP no tiene por qué movilizarse a la cooperativa a manifestar su desacuerdo. Esto no tiene sentido, excepto, que quien impuso dicha carga, piense que tiene competencia para ello, por encima, como se dijo, de la institución responsable por ley.
Lic Rafael A. UGALDE
Muy buenos comentarios de estos dos abogados, y estoy de acuerdo con lo comentado.
Porque si el día de mañana dicha cooperativa quiere hacer otro tipo de rebajo para ayudar a otra entidad nosotros sin previo aviso lo tenemos que pagar mes a mes en nuestro recibo, que por cierto nos limita a nuestro vivir por lo alto que llega mes a mes.
Señores están son las cosas que uno no entiende, en mi oponion personal sugiero, que si la cooperativa tuvo esa iniciativa, el porque ellos no lo asumen de las utilidades que obtienen mes a mes
Dios los bendiga a todos y todas las que se oponen para hacer un aporte de cien colones para un bien social, cada quién da lo que lleva en su corazón, yo que he participado en varias asambleas de Coopesantos y se que muchos que han participado podrán secundarme lo celos que son los Administradores de la Cooperativa en estos temas y que fue una decisión meramente de la Asamblea, la administración se oponía por todos estos asideros legales y fue ratificado por los y las participantes de la Asamblea. Ojala nuestras agencias de Cruz Rojas estuvieran bien fortalecidas con muchos recursos y sobre todo que no se tengan que usar por falta de accidentes y enfermedades.