Rafael A. Ugalde Quirós*
(San José, 13 de octubre de 2012). Dos vetos consecutivos de la presidenta costarricense Laura Chinchilla a leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa dejan en evidencia a un Ejecutivo cada vez más a la derecha del péndulo político. Si en algún momento hubo dudas de la orientación de Chinchilla a favor de los grupos financieros más tradicionales en el país, el famoso veto a la llamada ley de fotocopiado esclareció, de una vez por todas, el terreno sobre el cual se mueve Zapote.
El gobierno de la presidenta Chinchilla defendió este veto aduciendo que con él se resguardan los derechos de autor . Desmintió así a los grupos de estudiantes que consideran un “atentado” contra el estudio dicha normativa, pues, según dijeron, requieren fotocopias para su educación, ante los altos precios de los libros.
Una vez aprobada esta ley diputados de casi todas las fracciones prometieron una reforma a la ley, a fin de que el fotocopiado de libros para la educación f no se eleve a delito. Sin embargo, en recientes declaraciones dadas al Diario Extra por el diputado oficialista Fabio Molina estimó un error de su agrupación el visto bueno dado a esta ley.
Destino similar siguieron esta semana las llamadas “reformas laborales” mediante las cuales se ponía al país a tono con la legislación universal en puntos claves. Un despacho de la agencia mexicana Notimex informó que Chinchilla vetó el derecho a huelga en servicios que afectan la vida, la salud y la seguridad de personas.
Según el gobierno, «El veto procede» porque «el Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad y eficiencia» de los servicios y de que se presten sin interrupciones que afecten a la población y al interés público.
La reforma laboral en este sentido permitía la huelga en sectores como la policía y la salud donde se prestarían “los servicios mínimos” asistenciales; figura jurídica presente, por ejemplo, en la legislación de España, donde los asalariados quedan autorizados a dar la asistencia elemental en el transporte de personas, hospitales, etc., en caso de huelga.
Para la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, quien trabajó sobre la “reforma” y dejará pronto el cargo, tras conocerse el veto presidencial, lo importantes es que la mayoría de los artículos de la iniciativa fue avalada.
INGENUIDAD
Tras la aprobación de esta reforma laboral por una mayoría contundentes de diputados en la Asamblea Legislativa, no hubo sindicato en el país que no saludara los cambios señalando algunos de ellos que los mismos eran sus sueños desde la aprobación del actual Código de trabajo en 1943.
No pasó entonces por ninguna cabeza la posibilidad de otro veto presidencial, a fin de disimular la nueva táctica gubernamental, tendiente a que el congreso apruebe leyes a como haya lugar, y luego el Ejecutivo dice esto me sirve, esto no y lo otro tal vez.
En ambos casos los legisladores oficialistas principalmente, sin descartar a los parlamentarios del Movimiento Libertario, Frente Amplio, PASE, PAC, “cristianos”, socialcristianos y PAC, justificarían “la producción” anual de normas del congreso, al mismo tiempo que el Ejecutivo legitimaría sus vetos, al aducir que esto o aquellos es correcto para los intereses del país. Y como todos nos sentimos país la retórica presidencial cohesiona y todos resultamos “ igualiticos”.
Lo cierto del caso es que la aprobación de una ley en cualquier parlamento moderno comienza cuando sus representantes identifican los medios de financiamiento que darán ejecutoriedad a la enmienda legal. En el caso laboral, no así en lo referente a derechos de autor, donde están de por medio multimillonarios negocios, nadie pensó en cómo financiar los cambios laborales.
En recientes declaraciones públicas dadas por Marta Iris Muñoz, Directora de Defensores Públicos, encargada ahora por ley de la atención de los juicios laborales, se requerirán por los menos ¢ 5.000 millones anuales para la asistencia gratuita de los derechos de los asalariados.
Muñoz aseguró que son alrededor de 30 mil casos anuales que van a requerir atención de la defensa pública y que el dinero para tal efecto no puede quitársele del presupuesto dado a la Corte, sin afectar la atención judicial en otros ámbitos.
“A calzón quitado, explicó, volvemos al problema si nos dan el presupuesto y el Ministerio de Hacienda se lo pide a la Corte, quien pierde es la aplicación de la Justicia. Los diputados no saben lo que cuestan las leyes, lo que hacen es quedar bien”.
Agregó que solo para comenzar a dar vida a los recientes cambios en materia laboral necesitan por lo menos 122 abogados, 25 auxiliares, 25 asistentes jurídicos, 10 investigadores, computadoras y oficinas. Eso es lo mínimo que necesitamos, reiteró.
Así el asunto, los añorados cambios en el derecho laboral, con los cuales supuestamente el país se ponía al día en algunos puntos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) quedó entre tres balancines: el primero se mueve a que los sindicatos acepten la ley tal como quedó y se vayan para casa tranquilos, la segunda es que la Asamblea Legislativa demuestre la efectividad de la división de poderes y reselle la normativa; cosa que los parlamentarios liberacionistas no harían y la tercera es una síntesis de las anteriores en el sentido que haya voluntad política entre diputados y Chinchilla y entren a regir sin corta piso las reformas laborales, en cuya hipótesis se encontrarán sin contenido financiero.
No extraño entonces que el secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, dijera visiblemente desanimado, apenas conoció del veto de Chinchilla, que ya no cabía dudas a favor de cuales grupos económicos estaba la presidenta.
Independientemente de esta apreciación de Vargas, la nueva táctica de los “vetos” presidenciales – un gobierno a base de decretos es inconveniente ahora, debido a baja popularidad del Ejecutivo y fenómenos como la “trocha fronteriza”- se las trae, pues remite de inmediato a la independencia del Poder Legislativo y a la división de poderes, tan necesarios en la democracia.
Periodista, abogado y notario UCR
