(SÁBADO 19 DE JUNIO, 2021-EL JORNAL). Las redes sociales de los costarricenses explotaron esta semana a solo minutos de conocerse 57 intervenciones policiales en 13 instituciones públicas, incluida la casa presidencial, en un esfuerzo por acabar con una red delincuencial, con presuntos negocios oscuros con fondos públicos por ₡ 78 mil millones de colones .
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ),Walter Espinoza, precisó que entre las dependencias allanadas estuvieron el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y empresas ligadas con concesiones de obras públicas. Se investigan a 29 personas, pero es posible, que aumente ese número, conforme avancen las pesquisas.
La presunta red para delinquir con fondos de los costarricenses saltó a la cara de quienes abogan por reducir a mínimo la existencia del Estado para hacer frente a un galopante déficit fiscal. Semejante “manotazo” por ₡78 mil millones pesa en el presupuesto nacional.
Pocas horas antes de que las grandes cadenas de noticias, como CNN en español, Telesur o RT , dieran cuenta del manejo de este dinero y la existencia de la novedosa red de corruptela, el diario La Nación destacaba que “ por segundo año consecutivo Costa Rica se ubica en el puesto tres de una lista que mide la capacidad de 15 países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción” (14/6/2021;pág 8).
Espinoza dijo a los periodistas que la investigación se centró entre 2018 y 2020 al conocerse una serie de denuncias de los costarricenses.
LA “COLOMBIANIZACIÓN” COMO SISTEMA
Si bien el proceso de “colombianización” de la corrupción se acentuó en las dos últimas administraciones ticas, el proceso de desmoralización en nuestro país cobró ciertas características propias, a partir de la administración de Luis Alberto Monge (1982-1986), dado que los tecnócratas asignados a las cuestiones del Estado hacían aparecer la pérdida de fondos públicos como hechos aislados.
Las conductas castigadas por sacar indebidamente provecho de la función pública (tráfico de influencias), así como los delitos por cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica, entre otros, están allí desde hace tiempo. Si, en cambio, resulta novedoso para la policía las intrincadas telarañas que estos grupos tejen como sistema, aprovechando los altos cargos y la cercanía con eventual “protector” o “padrino”, que permanece casi siempre en la sombra.
Así, por ejemplo, cuando en la Administración de José María Figueres (1994-1998) cerraron el Banco Anglo Costarricense, la larga lista de deudores se conoció de inmediato y los ligámenes de las personas, generalmente, era fácilmente localizable entre políticos, representantes de empresas de comunicación, agrícolas, comercio, exportadores, etc.
Asimismo, por la construcción de la famosa “trocha” fronteriza con Nicaragua, en el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), con un costo aproximado de ₡ 50 mil millones, las tareas cumplidas por los interesados en la obra resultó fácil de localización.
Pero cuando la policía informó recientemente de la compleja red de negocios que implicaba presuntamente a un alcalde de la zona sur y a su hijo diputado, así como cuando miembros de otra banda mantuvo contactos al más alto nivel – Asamblea Legislativa, bancos, policías etc.-, la cuestión se complicó a la hora del verdadero origen del dinero, inversiones, funcionarios públicos, destinatarios, magnitud del problema, etc.
En esta línea, el escándalo revelado el lunes por la policía sobre el presunto “manoseo” de fondos públicos por ₡78 mil millones, supera en mucho el llamado negocio del “Cementado” ($ 30 millones), en el gobierno pasado de Luis Guillermo Solís. Incluso, va más allá, del escándalo con la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y la información recolectada sobre miles de personas, desde la casa presidencial.
Guardando las distancias geográficas y los montos de fondos públicos redireccionados a corruptos y corruptores, los niveles de “profesionalización” y “diversidad” de los actores pillados, la policía estaría en solo dos años de investigación con algo solo comparable con el gran escándalo ocurrido con la empresa brasileña Odebrecht, que pagó millones de dólares en sobornos a presidentes y altos tecnócratas neoliberales del Cono Sur y México.
En declaraciones que el presidente mexicano, Manuel Andrés López Obrador, dio en relación con la corrupción de Odebrecht en su país, así como otros actos reñidos con la ética administrativa, responsabilizó por ello a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas y Vicente Fox.
Dijo, al referirse al asunto, que entregaron concesiones para carreteras, aeropuertos, explotación petroleras y energía para corromper a la sociedad. “Para barrer con la corrupción hay que hacerlo de arriba hacia abajo”, enfatizó.
A pesar que las afirmaciones de López Obrador fueron vertidas en la conferencia denominada “La mañanera” – se transmite en redes sociales todos los días-, ningún medio costarricense se refirió a tan importante tema.
Periodista, abogado y notario por la UCR.
