ANÁLISIS
Su entrada en vigencia el pasado 10 de marzo, es otro golpe a la clase trabajadora estatal de Costa Rica, venida a menos en las últimas tres décadas
(SÁBADO 11 DE MARZO 2023-EL JORNAL). Con la entrada en vigencia de la denominada Ley de Empleo Público, las 200 familias más acomodadas de Costa Rica dan un nuevo paso hacia la precarización de los trabajadores del Sector Público, la reducción del Estado Social de Derecho y la consolidación del proceso autoritarista iniciado 37 años atrás, con el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE1), en la Administración del Presidente Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986).
La Ley creó un “super” Ministerio de Planificación y es rica en defectos legislativos. Como es de costumbre, las Leyes producidas en Cuesta de Moras, durante las Administraciones de los partidos gobernantes – PLN, PUSC, PAC y PSD – se caracterizaron, en múltiples ocasiones, por la violación de la Constitución Política y el bloque de legalidad. Para tales efectos, las élites del Poder, se han garantizado que la mayoría de los Magistrados en la Sala IV, tengan su particular visión de cómo debe interpretarse la Constitución Política, a veces introduciéndose en el bloque de legalidad.
La Ley de Empleo Público vigente es el mejor ejemplo en el ámbito mundial de cómo no debe legislarse en un país democrático, excepto que se confunda el poder de una pequeña minoría con las necesidades de las mayorías.
Se pasan, quién sabe por qué partes, el importante Principio de Taxabilidad, garantía sine qua non del Principio de Legalidad, Justicia y Seguridad Jurídica. Una ley es taxativa cuando en el ámbito legal no se contempla ningún tipo de acuerdo particular, pues se trata de leyes generales y su aplicación debe ser única y sin ningún margen de interpretación.
Lo anterior quiere decir que un reglamento o una ley de este tipo no puede introducirle reformas para que se entienda lo que el Ejecutivo (Presidente de la República y Ministros respectivos) quiere que entiendan.
En el caso de esta ley, la forma en que supuestamente “premia” el buen desempeño de las funciones del futuro empleado público, es un retroceso de 50 años, puesto que de ese calificativo dependerá su plaza. Lo que a todas luces tiene como fin la total sumisión del ciudadano trabajador y es indigno a la luz del artículo 23 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos.
Asimismo, la creación de “familias salariales”, es producto ni más ni menos de una ocurrencia más, dentro de la desesperación por obedecer a los organismos financieros internacionales, sin que haya una consideración científica – técnica que demuestre, por ejemplo, que los nuevos salarios alcanzarán a un trabajador para vivir con dignidad.
Según el Semanario Universidad (10/03/2023) con la nueva escala de salarios brutos para profesionales, éstos entrarán a trabajar con un sueldo bruto de 578.000.00 colones; suma a la que debe rebajarse las cargas sociales.
Si un trabajador de la función pública gana 575.000.00 colones y le rebajan las cargas sociales por (51.750.00 colones), paga además alquiler de vivienda por 250.000.00 colones al mes, 60.000.00 de agua, luz e internet, más 240.000.00 colones de comida, todo esto para una familia de 4 personas. A los amontos citados hay que agregar ¢800 de pasaje de autobús diario; desembolsará, por tanto, ¢570.800 mensuales. Significa que mensualmente este profesional arrastrará un déficit 55.950.00 colones. Estos aprietos del nuevo empleado público contrastan con una realidad que los ticos se resisten a creer: 3 de los 10 más ricos de Centroamérica, están en nuestro país.
Lo anterior quiere decir que, si esa familia de 4 miembros tiene a dos de ellos estudiando, quedarán sin estudio, excepto que el otro integrante de la familia se incorpore a un mercado laboral precarizado por más de tres décadas, durante la cual los ricos nacionales se han hecho más ricos y los pobres más pobres, al extremo que Costa Rica se ubica junto a Colombia entre las naciones con más exclusión social en toda América Latina.
La otra posibilidad es que papá y mamá opten por renunciar a la educación de sus hijos y dejen que los chiquillos se dediquen a vender flores, crack o aprendan a disparar correctamente la AK47.
NO NOS TOCARÍAN
La Ley de Empleo Público no sólo precariza la nueva relación laboral, sino que garantiza al Sector Privado una mano de obra barata como ordena la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Alianza del Pacífico a fin de ser “competitivos”, pues es posible un segundo empleo luego de cubrirse la jornada laboral en las oficinas estatales. Así fue como comienzan haciendo “competitiva” la agricultura costarricense, destrozando hasta la fecha más del 90% del sistema productivo y favoreciendo las importaciones masivas de los alimentos consumidos por los costarricenses.
Es decir, vamos contra vía de los esfuerzos hechos hasta ahora por México y Colombia para recuperar la soberanía alimentaria y crear fuentes de empleo, tras más de 30 años de que las clases controladoras de los partidos políticos conservadores vendieran el relato de que privatizando la energía, los muelles, los aeropuertos, las carreteras, el espectro radiofónico, etc., llegaría el deseado desarrollo socioeconómico a sus respectivos países.
De esta manera, la Ley de Empleo Público, establece como consecuencia obvia del llamado “Salario Global” serias restricciones a las investigaciones como las conocemos, pues eliminó lo que los representantes de estas 200 familias de ticos ricos, llamó pluses, incentivos salariales y otros beneficios de los trabajadores estatales.
Si bien es cierto, mantiene aumentos salariales, supuestamente con base a la inflación, éstos están distantes del costo real de la vida, ya que, en los últimos 37 años, los sindicatos y las representaciones de asalariados fueron golpeados, porque muchos de estos gremios constituyeron especie de “feudos” olvidando articular y organizar a las amas de casa, a los campesinos, a los obreros, a los estudiantes, a las comunidades alrededor de la “noche negra” que ya experimentaban otros pueblos en la región por una globalización que deja sin cabeza a aquellos que creían no serían tocados por los puestos de mando medio que ocupaban y sus buenos vínculos con la pequeña burguesía.
En el caso costarricense, el 11.6% está desempleado y el pleno empleo es un eufemismo; pues ese porcentaje es la garantía de mano de obra barata para el empleador, sea en el sector público o privado.
Es así como la Ley de Empleo Público no solamente es un adefesio porque borra de un plumazo los derechos del empleado estatal, sino que da una vuelta más a la tuerca para que lo que fue “clase media” aporte el máximo de sus sacrificios, a fin de que el relato del desarrollo socioeconómico esté encaminado a que la defraudación, el contrabando, la evasión de impuestos, etc. no sólo sea legal en algunos casos, sino además parte de esa democracia electoral celebrada cada cuatro años con bombos y platillos, pero que es un espejismo a todas luces, mientras la clase media y la obrera se hunden sin remedio ni esperanzas.
*El autor Rafael Ángel Ugalde, es periodista y abogado por la UCR
