Rafael A. Ugalde Quirós.
(SAN JOSÉ, 16 DE AGOSTO, 2013). La pena de muerte en sí es toda una aberración jurídica, no importa el país ni los argumentos legales con que me quieran convencer. No es medio para terminar con la delincuencia y devolver a la colectividad su moral.
No importa si esta pena es aplicada por fusilamiento, ahorcamiento, silla eléctrica, inyección letal, guillotina o a pedradas. Sigue siendo aberración.
Aumenta sí al desgraciado condenado se le tiene en la zozobra durante casi veinte años, de tal manera que la “venganza” social pierde todo sustento moral.
.Es el caso del costarricense Terence Valentine pudriéndose durante diecinueve años en una cárcel de la Florida, Estados Unidos, sin que oficialmente conozcamos que hemos hecho por él como país. El no es isla Calero.
No encuentro sentido a este crimen sí el gobierno autorizado para hacerlo carece hoy de todo sustento moral, tras conocerse que los abogados estadounidenses son impedidos de ejercer el derecho de defensa ( informó CNN en español domingo 11/8/13)
Que además bajo la cortina de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo no solo vulneraron los más elementales derechos humanos con una red de espionaje, sino que persigue a sus detractores.
Entiendo que en el mundo hay fiscales, policías, jueces y abogados trasnochados por copiar estos modelos de derecho y justica, pero comprendan que estos paradigmas legales y constitucionales son ya una aberración jurídica.
Periodista, abogado y notario UCR
