(MARTES 25 DE NOVIEMBRE, 2025-EL JORNAL). Originalmente, cuando las sociedades de occidente se empezaban a organizar como estados modernos, en especial por la influencia muy poderosa de la Revolución Francesa (1789), y en América por la liberación de las colonias inglesas que concibieron la Constitución Política de los Estados Unidos (1776), los rudimentarios órganos de información existentes eran un servicio natural del estado.
Eran lógicamente hojas impresas, armadas en las platinas o imprentas de cada gobierno, como una forma de cumplirle al pueblo una necesidad: el derecho humano de la información. Su libertad de expresión y opinión (Art. 11).
Si la Declaration des droits de l´homme et de citoyen (París agosto 1789) proclamó las necesidades fundamentales del ser humano, los estados iban a suplir, mediante servicios públicos, la satisfacción de tales mandatos. Así, a cada derecho humano, le correspondió algún servicio público que lo convirtiera en realidad.
Al derecho humano de la libre movilidad se le otorgó el transporte público; al de la salud, la medicina pública; a la seguridad y el orden, la policía oficial, y así por el estilo, correspondiendo, a la libre expresión del pensamiento, la creación de los medios de comunicación, originalmente llamadas Gacetas oficiales.
Esa acta de la Asamblea Constituyente de Francia sería más tarde ratificada por las Naciones Unidas, en la declaración de París (1948), con lo cual se le amplió, modernizó y otorgó validación universal.
En el siglo XVIII, cada estado iba supliendo la cobertura de los derechos naturales, según su propia organización, y esta podía ser prestada por el gobierno o encargada a la iniciativa privada. Pero en el fondo era siempre un servicio público, porque emanaba directamente del Soberano, cualesquiera fuese su forma de organizarse.
Todo estaba muy claro. La radio y la televisión no existían y entonces el medio informativo (Gaceta Oficial) lo concebía el gobierno en su imprenta o en maquinaria que alquilaba a un privado. Imprenta La Paz en el caso de Costa Rica (1830).
Al amparo de ese derecho a la libre información, los ricos importaron también más impresoras de torniquete para vender servicios, editar panfletos y expresar sus opiniones. A menudo publicaban sus propias poesías o desvaríos literarios (El hombre que no quiso la guerra, Seix Barral 1980).
Siendo como eran en su origen los MCC (medios de comunicación colectiva), entes de un servicio público, el Estado les exigió por ley a los privados, su inscripción obligatoria en el registro público y la indicación de un pie de imprenta, lo cual en nuestro país lo reglamentó la Ley de Imprenta de 1872, que modificada aún pervive en la de la Imprenta Nacional.
O sea, la prensa nace, en occidente, como un servicio público y solo se puede explotar por delegación del Estado y bajo las reglas que el Soberano fije. Claro, esto se ha difuminado con el paso del tiempo, y el poder de los nuevos dueños de los MCC han hecho que el Estado tenga que pagarles por difundir sus necesidades de gobernanza.
Cuando aparece la radiodifusión comercial en 1928, la Ley de Radio viene a regularla y desde su artículo 1º. establece tajantemente que “los servicios inalámbricos no pueden salir de manos del Estado”, con lo cual se ofrecen las concesiones a los privados para que sirvan al pueblo, aunque terminaron siendo para obtener opíparas ganancias.
De allí viene que las concesiones de radio, y después de televisión, se paguen con un emolumento ridículo de apenas cuatro cifras, siendo las ganancias de más de diez dígitos al año. Cada vez que un gobierno ha querido cambiar esas reglas, los empresarios unidos jamás fueron vencidos, y de allí la gritería que hoy estamos escuchando.
En la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, los periodistas alumbrados de libertad consolidaron una profesión universitaria y fueron los íconos del cambio y también del cine. Eran los hechiceros, pero todo empezó a cambiar con los magnates y, poco a poco, fueron los hechizados.
Los empresarios privados se adueñaron del servicio en concesión e hicieron lo que les dio la gana, con países, gobiernos, guerras y demás desaguisados (Cuba, Corea, Vietnam, Honduras), por lo que, en los años 80, la UNESCO inició un movimiento mundial de recuperación del servicio público de los medios. Creó comisiones, convocó expertos, reunió gobernantes y empresarios, y surgió el NOMIC (Nuevo Orden Mundial de la Información y las Comunicaciones), con una comisión que presidieron Sean MacBride y Gabriel García Márquez (Informe MacBride, 1980).
Pero, paradójicamente, en nombre de la libertad, se organizó la contraparte mundial con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y sus iguales en Europa, y todo se fue al carajo.
Quiero decir, todo lo que era del pueblo, porque ellos consolidaron el poder y así fue como los medios de comunicación fueron finalmente expropiados al pueblo.
Entonces, ¿quién expropia a quién?
La historia hay que aprenderla, porque nos da cada bofetada.
Oh manes de Diderot, Voltaire, Roseau, D´Alembert, y Jefferson también.
