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Cuando una serie de intelectuales europeos escribían que la culminación de la “regulación monopolista privada a escala mundial” conduciría a una reestructuración drástica e irreversible de los “Estados Naciones”, la mayoría de la clase política vio de largo las predicciones, como si Costa Rica fuera de otra galaxia.¡ Error sin precedente¡
Las afirmaciones anteriores divulgadas en 1983 – Ed. La Décourverte/Maspero, París, pág 147, citado por Alejandro Teitelbaun en “El capitalismo por dentro, parte IV) cobraron relevancia esta semana cuando una serie de acontecimientos, vistos conjuntamente, conmovieron a propios y extraños.
La prensa escrita, radio y televisión anunciaron la intentona gubernamental para garantizar inmunidad de por vida a los altos jerarcas de la administración una vez dejados sus puestos. El plan oficial, independientemente de que sea “desconvocado” o “archivado”-, me es irrelevante-, denota la tensión entre “la moral”, como manera de vivir, y por otra parte hasta dónde son capaces los grupos de poder, cuando tratan de defender sus intereses. La sociología y la ciencia política nos dicen que esto es igual en todas partes.
En el caso particular costarricense debe tenerse en cuenta que al reducirse los “Estados Naciones”- citado por Alejandro Teitelbaun- nuestra clase tradicional – empresarios, diputados, magistrados, ministros, …, ingeniosamente buscan conservar sus privilegios históricos y que sean otros los obligados a cumplir con las leyes que ella misma dicta por sus representantes. La reciente aprobación contra viento y marea del paquete de impuestos y la renuncia del Ministro de Hacienda; Fernando Herrero, principal impulsor de ese plan fiscal, evita mayores elucubraciones.
Pero sí son innumerables los casos de funcionarios públicos que ingresan a la esfera confidencial del Estado y un vez dejado el cargo pasan al otro “gobierno”, el de las corporaciones, con toda esa información relacionada con tecnología, economía, concesiones, necesidades estatales, etc.,sin que esto signifique ninguna censura legal. Por el contrario, los medios de comunicación mediatizan este asunto haciéndonos creer que ello está lejos de cualquier inmoralidad; y más bien nos presentan el asunto como una prueba de la “capacidad emprendedora” del político, empresario y profesional costarricense.
No menos de cincuenta personajes de estos han renunciado en los últimos doce años a una curul o a un ministerio, a fin de incorporarse a las planillas de empresas concesionarias, de alta tecnología médica, consorcios aéreos y telecomunicaciones. O al Banco Mundial, en calidad de “ejecutivo” o multinacionales de la telefonía móvil como “asesores”, una vez dejado el alto cargo gubernamental.
Así, en relación con el plan de dar inmunidad de por vida a los exfuncionarios públicos, tenemos que para el dirigente del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Gerardo Villanueva, esta reforma del inciso 9 del artículo 121 de la Constitución Política solo trata de facilitar las acusaciones contra los exjerarcas por otros delitos no relacionados con el ejercicio propio de sus funciones.
Criterio contrario expresó el jurista Juan Diego Castro para quien la reforma constitucional es una aberración, una evidencia de la crisis moral que padece la clase política costarricense ( Telenoticias del 30/3/12, edición mediodía). Similar criterio manifestó el premio nacional de periodismo, Alberto Cañas, por noticia Repretel., edición nocturna.
EFECTOS
Casos como el “préstamos finlandés” o las comisiones pagadas por una compañía francesa de telefonía móvil a altos funcionarios, posiblemente nunca hubieran trascendido, y menos investigados por el Ministerio Público con la “ley de inmunidad” de por vida.
Otros casos en la palestra como el “perdón de intereses” de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) al Estado por una deuda superior a los 180 mil millones de colones ($ 350 millones), la persecución del diputado Jorge Angulo por presunto delitos penales y denuncias contra el actual Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, ni siquiera hubieran interesado a la prensa.
La Presidenta de la República, Laura Chinchilla, golpeada sin duda alguna con estas ocurrencias de dar inmunidad inclusive a ella, prometió “desconvocar” el proyecto de marras. Su mayor dilema, sin embargo, pareciera que radica en cómo equilibrar en estos dos años los privilegios a su clase, amenazados con la reducción del “Estado – Nación” .
Ya el expresidentes Luis Alberto Monge (1982-1986), refiriéndose al gobierno de su propio PLN, manifestó que si tuviéramos ejecito ya se hubiera dado un golpe de Estado, (Diario Extra 30/3/12) Frases sintomáticas aunque usted no las vea así.
Es obvio que esta reducción del Estado costarricense en función del gobierno de las transnacionales crea tensión dentro de la clase dirigencial, que se niega a renunciar a sus privilegios que jamás pensaron serían afectados con la multinacionalización de la economía doméstica.
Cabe recordar que el injusto aniquilamiento el 30 de setiembre de 1860 en Puntarenas del prócer Juan Rafael Mora Porras (1848-1890) por parte de la clase gobernante evidenció desde entonces la concepción de Estado hasta nuestros días.
Michalet y otros, (ya citados, pág 147), nos revela la existencia de un grupo que en la coyuntura actual mundial está ampliamente internacionalizado, concentra industrias de alta tecnología, sus defensores egresan de las mejores instituciones de enseñanzas, son formados como los mejores líderes e ingenieros, con dos o más idiomas, etc; en tanto el sector “tradicional” agrupa la masa de población con una baja enseñanza y remuneración, dedicada a tareas de subcontratación y un tiempo de trabajo más corto, compensado por la reducción de sus necesidades sociales.
Dentro de esta dinámica que 11 Ministros y altos funcionarios del actual gobierno no declararan sus deudas con la CCSS e incluso han omitido el valor actualizado de sus inmuebles, resulta más que evidente el camino que transitamos. Sería “normal” entonces que la esposa de tal ministro fuera asesora del presidente de turno y que hubiera una sociedad de ella o su esposo con contratos del Estado y el PLN por $192 mil (La Nación 3/4/12).
De lo que se trata, pues, es de conservar los privilegios recurrentes desde la formación del Estado costarricense en la situación actual de “maximización” de ganancia a como haya lugar.
Lo anterior implica que los dueños del poder económico y político en el plano mundial apostaron a una visión de “mercado global”, de salarios casi congelados, bajos niveles de ocupación, corrupción a varios niveles, liquidación de la seguridad social y bajos valores para las materias primas, a fin de mantener y elevar sus beneficios. Y el país no escapa de ello y frente a esto no queda otra opción que abrir alternativas como clase desde el ya desnutrido Estado Nacional. “No hay moral en la mayoría de los casos en los deberes de la función pública”, decía un día de estos un filósofo y jurista francés, “porque la situación mundial de hoy es como cuando “al pez le secan el agua”.
Periodista, abogado y notario UCR.
