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El rastreo electrónico de teléfonos celulares en cualquier parte del mundo es una manera de “ espiar”, de conocer las andanzas del “espiado”. Cómo se hace es la mayor implicación en toda la vida política y jurídica de la sociedad practicante de esta aberración.
Si la intromisión a la vida íntima de la persona se realizó “legalmente”; es decir, bajo los preceptos de una ley establecida con antelación, posiblemente el asunto revestirá poca polémica, porque la ley explícitamente dirá en qué casos los “ agentes 007” cuentan con permiso para revisar lo más hondo de la dignidad, de la que forma parte la intimidad.
El problema toma otro giro si bajo la argucia de controlar las fechorías delincuenciales a cualquier ciudadano le registran las llamadas telefónicas ilegalmente. En este caso la ley desautorizaría la actuación de los “espías” y habríamos caído en una especie de “colombianización gerdarmeril”, donde y desde el gobierno de Alvaro Uribe la policía administrativa (DAS) registró sin ley a quien tuvo en la mira como sospechoso, enseñando además a lo largo y ancho del continente cómo hacerlo con ley o sin ella.
Ahora bien, si la “colombianización “ de la seguridad encuentra asidero en la ley, no por ello es menos grave si la actuación es de espalda a ella, pues bajo esta premisa todos resultaríamos potenciales delincuentes con solo portar un teléfono, una computadora, ser periodista, abogado o ministro, etc. Basta una sospecha que la misma policía confecciona.
La historia de los “espías” si bien es cierto no es nueva, resulta emocionante ahora por los aportes de la tecnología a sus tareas; variable que vino a facilitar el trabajo de los “James Bond” modernos y de aquellos aprendices de Isser Harel,
Harold Adrian, Russel Philby y Guy Francis. Mas sin embargo, en todos los tiempos todo sistema de espionaje remite siempre al miedo y la cobardía de quien paga para que nos espíen.
Me temo que la famosa guerra contra el narcotráfico todo lo tiene patas arriba y nos hace sentirnos débiles y a mirar enemigos hasta en la sopa. Incluso el idioma cambió esta bendita guerra: En México la oficialización de los grupos paramilitares se llama “autodefensas” y los rastreos de las comunicaciones privadas de periodistas acá son “registros”, nunca espionaje.
De todo ello resultó interesante saber que era el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) el que pagaba – supongo que ya no lo hace- teléfonos celulares a un grupo selecto de judiciales, cuando todos sabíamos desde la escuela que este poder era independiente y objetivo, gracias a su presupuesto.
Periodista, abogado y notario de UCR
