ANÁLISIS
(San José, 22 de noviembre, 2012). Coqueta como siempre Themis, la diosa griega de la justicia, solía pasearse por los salones acá de los tribunales sonriente, segura que por encima de ella solo existía ella, con sus largas colas de tafetanes, organdíes y encajes, pero en la vida todo tiene su tiempo.
Un día se cansaron de verla altiva y soltera y alguien pensó en casarla. Una inesperada votación de 38 votos en la Asamblea Legislativa no solamente la desarropó en público, dejando al viento sus carnes, sino que la obligó a contraer nupcias.
El nombre de quien obligó a este matrimonio es circunstancial. Chico de los palotes o Juan sin tierra. Da lo mismo. Lo cierto es que este enlace viene fraguándose desde aquella tarde que en la administración de don Luis Alberto Monge (1982- 1986) el primer Ajuste Estructural de la Economía empezó a tirar al cajón de la basura el Estado Social de Derecho y a perfilar lo que una vez un actual magistrado denominó Estado Democrático de Derecho. Sutileza que no son sutileza y que en la reciente revocatoria de Fernando Cruz Castro como magistrado de la sala IV se hizo abismal.
En el primero, el legislador constituyente quiso que los poderes legislativos, ejecutivos y judicial estuvieran claramente definidos en sus funciones con una administración pública buscando el bien común; en el Estado Democrático los diversos poderes se convierten en colaboradores, para citar las palabras de esta alta autoridad judicial, en pro del funcionamiento de la maquinaria estatal: Hoy, esta funciona a la perfección: la economía muestra una enorme concentración en unas pocas familias que convirtieron los partidos políticos en fines en sí mismos y no medios para alcanzar el bienestar de la mayoría.
Ya en el XVII Informe del Estado de la Nación, en 2011, había advertido de la existencia de mayores niveles de desigualdad y pobreza en el país con un 13.4% de hogares en condición de vulnerabilidad, del mismo modo se indica que las clases sociales dependen de fuentes de ingreso distintas: la clase alta, los medianos empresarios y expertos obtienen su ingreso de alquileres, intereses y dividendos, mientras que los obreros agrícolas, obreros industriales, obreros en servicios y demás trabajadores dependen de transferencias sociales y ayudas del Estado.
Existe un deterioro notorio en cuanto a la seguridad, con un 40% de homicidios achacados a problemas de drogas, sicariato y venganzas asociadas al narcotráfico, para nuestro país la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es del 12.
Así, sin que nadie se percatara, el artículo 50 de la Constitución Política que dice: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado…”,voló por los aires sin novedad. Esta concentración de poder, que en la mayoría de los casos tiene testaferros a todos los niveles, refleja una Costa Rica marcada por la inflexión en su desarrollo, acumulación de problemas, deterioro institucional y una adaptación del sistema político a estas familias.
Lo demás es historia: necesitaban la reelección presidencial, vino una concesión y sin que se reformara la Constitución hubo una especie de “golpe de estado técnico” y nada pasó. Llegó el referéndum del TLC con Estados Unidos y sobraron las denuncias sobre fraude y el Estado Democrático de derecho funcionó a la maravilla.
Hoy, el Fiscal General de la República, Jorge Chavarría, considera que lo sucedido con el magistrado Cruz Castro es otro “golpe de estado técnico”, por cuanto los que saben algo de derecho de la Constitución creen que estaba nombrado automáticamente por ocho años más y nada pasó. A lo sumo hay protestas por escrito de Partidos como Acción Ciudadana, grupos sindicales y jueces con vestimenta de negro, pero el país carece de una cohesión para reconquistar lo perdido. Ya ni siquiera para defender lo que no tenemos porque se lo han llevado.
Aviones, buques armados y cuanta maquinaria de guerra haya puede entrar al país sin permiso de la Asamblea legislativa, la misma que según el legislador Fabio Molina dignificó su quehacer linchando al magistrado constitucional. Ni siquiera protestar por la corrupción y la violencia estatal, por cuanto en el gobierno del 98-2002, su presidente Miguel Angel Rodríguez tuvo el cuidado de irse sin no antes criminalizar las protestas sociales mediante una ley.
Quizá el costarricense promedio no está percatado de la magnitud del golpe. En las calles hay normalidad, los centros de trabajo siguen sin alteraciones, los niños vendiendo flores por las noches por el Hotel Costa Rica, las prostitutas ( perdón, trabajadoras sexuales) siguen de fiesta incansables con los turistas, los exportadores haciendo sus negocios y los contrabandistas en sus “dignos” trabajos, como dicen algunos de ellos, pero la enorme herida está adentro, profunda.
