(SAN JOSÉ, COSTA RICA 12 DE MAYO, 2020-EL JORNAL). El presidente costarricense, Carlos Alvarado, dejó escapar esta semana la oportunidad histórica de devolver a la política nacional el “rostro humano” que miles de votantes creyeron en 2018 daría una vez instalado en Zapote, abandonando la práctica “fundamentalista” del selecto grupo de economistas locales de priorizar “los negocios” por encima de la vida y la dignidad humana, desde hace treinta años.
Alvarado prometió ayudar a que se coloquen ₡ 900.000 millones en préstamos a bajo costo para “reactivar” actividades económicas privadas, venidas a menos por la pandémica del Covid 19. Igualmente anunció ₡300 mil millones para obras de infraestructuras, fomentando según él, empleo y circulante interno. En Costa Rica las concesiones de obras viales de gran envergadura están controladas por tres poderosos grupos.
Asimismo, ofreció al empresariado reformas laborales encaminadas a flexibilizar las jornadas laborales, reducir derechos a los trabajadores que ingresen al sector público, a fin de que estos ahorros sirvan para disminuir el llamado déficit fiscal, tal como exige el gran empresariado local.
Aunque el Estado costarricense reduzca los gastos, está impedido de activar directamente la economía, por la vía del fomento del ahorro interno, por los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y por los Tratados de Libre Comercio (TLC).
El primer PAE fue impuesto por el presidente liberacionista Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986). Desde entonces las “fórmulas” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) apagan cualquier presencia directa del Estado en las grandes obras de inversión públicas. Su papel es vigilar que las concesiones se den apegadas a la ley.
Es la economía de los cruceros, las exportaciones a gran escala de piña, bananos, melones y flores, entre otras, que sustituyó poco a poco la promoción estatal agrícola, sobre todo del pequeño y mediano agricultor, víctima de faltas de caminos y de poderosos intermediarios, que alteran los precios al consumidor.
El “fundamentalismo” económico es que importar algunos alimentos resulta más barato que producirlos.
CAPERUCITAS TICAS SORPRENDIDAS
Declaraciones por Facebook el 2 de mayo del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado Rivera, sobre el estado de postración en que está el pequeño y medianos agricultor casi cuesta su cabeza dentro del actual gobierno, pues los grupos económicos desplazados del poder temporalmente por la emergencia del Covid 19, reaccionaron virulentamente, recordándole de una vz por todas al alto funcionario, quién manda y dice la verdad.
Las “políticas agrícolas desarrolladas por los gobiernos desde 1990 al 2014 pusieron de rodillas a las personas productoras de Costa Rica “, dijo el Ministro. Frase suficiente para que el periódico La Nación asumiera el rol de caja de resonancia, desde el cual la ministra de comercio, Dyalá Jiménez, pidió Alvarado Rivera “precisar” qué elementos fueron “mal “negociados en los TLC.
Por su parte, el extitular de agricultura y ganadería y defensor de los TLC, Juan Rafael Lizano, no quiso quedarse atrás y mandó a Alvarado Rivera a empujar a los agricultores y trabajar con ellos; mientras el legislador del Partido Liberación Nacional – agrupación que desde ahora ya trabaja para volver a Zapote- Carlos Ricardo Benavides, tiene la impresión de que al señor ministro se le acabaron las ideas (La Nación 6/5/2020).
Sin embargo, pareciera que ni la ministra Jiménez, ni Lizano ni Benavidez conocieron el informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), cuando detalló que , entre 1990-1992 y 2009-2011 el porcentaje de dependencia de los cereales de la importación aumentó, a excepción de Belice, en todas las naciones de la región centroamericana. Siendo Costa Rica el país que registró en ambos períodos la mayor relación de dependencia (65,0% y 82,4%, respectivamente ( Ministros y ex ministros Consultar: Vigesimoprimer Informe Estado de la Nación pg 29- 30).
Sí bien el presidente Alvarado renunció a más impuestos para reactivar la economía y directamente su plan no hace mención a la venta de instituciones estatales vitales en la lucha contra la pandemia, como la Fábrica Nacional de Licores, el Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otros, reinstaló, en cambio, los economistas de los distintos oligopolios “silenciados” momentáneamente en su gobierno por la emergencia del Covid 19, el Ministerio de Salud y los derechos humanos por la vida y la salud.
Al menos así lo dejó entrever el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras (UCCAEP), Álvaro Sáenz cuando desde la página oficial del grupo alabó que las medidas anunciadas por Alvarado van en la dirección correcta y en consonancia con las propuestas sugeridas por el grupo de economistas que los asesoró.
Para el analista nacional, Oscar Barrantes Rodríguez, hay otra lectura de las medidas anunciadas por Alvarado, pues es un plan para salvar al capital, no es un proyecto nacional de emergencia. No toca el latifundio, añade, ni a las compañías extranjeras, ni dice nada de la usurpación de los territorios indígenas ni se refiere a la producción agrícola de alimentos sustentable, creando soberanía alimentaria. Hay ausencia de los grandes temas que tienen en crisis el país desde hace mucho, destaca.
Para Barrantes Rodríguez, miembro del Circulo Bolivariano de Solidaridad “Yamileth López” (CBYLO-CPCES), este plan de reactivación económica traerá más “explotación del trabajo por el capital, mayor sumisión al imperialismo y más entrega de Costa Rica a las corporaciones depredadoras”, concluyó.
¡ Ojo!: un lobo ladrón con piel de oveja estuvo anoche en el gallinero¡
Periodista, abogado y notario por la UCR
