ANÁLISIS
Rafael A. Ugalde Quirós *
(SAN JOSÉ, 04 DE JULIO 2013). La presidente de la República, Laura Chinchilla, recurrió recientemente a los tribunales de justicia, tras considerar que un comentario por la red Facebook lesionó seriamente su honor.
Se trata de la querella contra un abogado y empresario, conocido públicamente por sus duras críticas contra algunos altos funcionarios del gobierno, así como las decisiones adoptadas por ellos, a través, principalmente, de redes sociales.
El empresario publicó en su perfil de Facebook un texto en el que presuntamente insinuaba que Chinchilla había comprado una finca valorada en millones de dólares en la costera provincia de Guanacaste, en el Pacífico. Esto lo negó la mandataria públicamente, al decir que solo contaba con los ingresos suyos como gobernante y los de su cónyuge.
El tercer ministro de comunicaciones en lo que va de la administración Chinchilla, Carlos Roverssi, desmintió categóricamente que el gobierno pretende castigar a los críticos del gobierno en redes sociales, como está dicho en diversas páginas de internet.
Tras la presentación de la querella una marejada de internautas considerara que la Presidenta intenta acallar a sus críticos, luego de los escándalos de corrupción que estremecieron a la administración liberacionista.
Entre estas denuncias figuran la construcción de una trocha fronteriza en el norte del país que va costando a los costarricenses más de 20 mil millones de colones, sin que haya hasta ahora imputados en la causa.
Antes estuvo en el tapete la reparación de una de las platinas más caras del mundo sobre el río Virilla, que va costando más de un millón de dólares al erario nacional, sin que el Ministerio Público tenga acusados formalmente a nadie por negligencia o supuestos delitos relacionado con la administración de fondos públicos.
Hace poco vino el escándalo del uso de un avión privado de la presidenta para desplazarse a Suramérica, facilitado por un empresario aparentemente protegido por la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA) , vinculado presuntamente con el narcotráfico, según los principales diarios costarricenses.
Cerró este capítulo de polémicos hechos el escándalo con el proyecto de construcción de una refinería con capital chino. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recientemente allanaron las instalaciones de la refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) en busca de pruebas para establecer presuntos delitos.
LIBERTAD DE PRENSA Y OTROS MITOS
Desde que en 1830 el empresario y político costarricense Miguel Carranza Fernández, importó la “Imprenta La Paz”, el paradigma de la “libertad de prensa”, de “expresión” y de “información” conduce a una contundente confusión entre los costarricenses, alimentada fundamentalmente por quienes interpretan la “democracia” como un valor abstracto y absoluto.
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Desde su llegada la imprenta favoreció el nacimiento de un periodismo sujeto esencialmente a los valores de la clase dominante y las necesidades empresariales que ya en 1830 empezaban a consolidarse y extender sus intereses a través de los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. De esta manera, la “libertad de prensa” está definida como la capacidad que tienen las personas físicas y jurídicas de organizarse a fin de fundar medios de comunicación en las distintas ramas. En el caso que sean personas jurídicas (empresas) son responsables civilmente de los abusos que cometan en el ejercicio de la explotación de un negocio, cuya mercancía principal es la información en forma de noticia política, económica, social, judicial, publicitaria, etc. El abuso del derecho de “información”, reconocido así por diversas convenciones sobre derechos humanos, está regulado penalmente, pues la falta de verificación de los hechos o la doble intención de lesionar a terceros, escondidos detrás de la libertad de prensa o el libre flujo informativo, producen efectos devastadores contra terceras personas. Se diferencia el anterior derecho (el derecho de información) de la “libertad de expresión” en el sentido de que nadie puede ser perseguido en el país por su manera de pensar, expresar sus ideas en forma escrita, oral u otro medio, pues ello es una convicción privada, siempre y cuando este convencimiento no atente contra la moral y las buenas costumbres, ni lesiones a nadie. Tres derechos –“libertad de prensa” (el de los empresarios de medios), de “ información” y de “expresión” (válidos para todo ciudadano) — divididos por una tenue línea casi imperceptible que a veces se cruzan sin darnos cuenta y nos hacen víctimas de nuestros propios estereotipos. Sin embargo, como todo derecho, que siempre crea al menos dos responsabilidades, la libertad de prensa y de expresión a veces está mediatizada por valores independientes a los incluidos dentro de los derechos humanos. Así, por ejemplo, “cualquier costarricense” tiene derecho a expresar sus ideas por uno de los medios periodísticos tradicionales, solo que este “cualquier costarricense” está limitado económicamente, pues publica su parecer en media página de ese medio si cancela primero al menos dos mil dólares. Con el surgir de las llamadas redes sociales cobra relevancia entonces el llamado “derecho de la información”, por el intercambio de hechos que deja a disposición de los ciudadanos la Internet, pero no por eso el ciudadano queda relevado de las responsabilidades asumidas ante terceros. Está obligado a no lesionar el honor y la dignidad de las personas ni atribuir o insinuar delitos no cometidos por ellas. En el marco de las difíciles situaciones vividas por Chinchilla, ella desmiente tener a su nombre una finca – supuestamente faltó verificar la verdad del hecho- y ello podría lesionar su imagen y honor ante los demás. De modo tal, que la Presidenta lo que hace con su demanda es procurar defender su honor, y de paso establece el hecho de que aunque sea en Facebook, nadie está relevado de las obligaciones que conlleva su derecho de expresarse, siempre y cuando, se ejerza con responsabilidad. Se ha querido revestir el proceder de la denunciante con el poder que la respalda en la actualidad y algunos han atribuido la demanda a un acto de intimidación, pero queda claro que sea la Presidenta, o el más humilde de los ciudadanos, tiene el derecho de defender su honor.
*Periodista, abogado y notario UCR Esta información contó con el aporte del periodista José Eduardo Mora
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