Rafael A Ugalde Q.*
rafaelangelu@yahoo.com
A un lado de su cama matrimonial se observa una pantalla plana y un reproductor de música; un oficial impecablemente vestido requisa la celda de la cárcel colombiana y encuentra sorpresivamente en un armario como “trofeo” una botella vacía de aguardiente del bueno. Hubo fiesta, sin duda alguna, dentro de este penal, a vista y paciencia de todo el mundo.
La imagen fue divulgada recientemente por el Canal Caracol colombiano y dio cuenta cómo un alto personaje, acusado en ese país de corrupción, vivía placenteramente sus días de encierro. Esa no es la media en el continente, pero da para pensar que en el continente hay dos clases de presos: Los de primera calase y la segundilla, que el sistema penal latinoamericano están claramente diferenciados.
De esta manera, en el continente hay una clase social “penalizada” de la que ya habló en algún momento el jurista argentino Eugenio Zaffaronni, que se caracteriza por su procedencia social (barrio, trabajo, costumbres), quienes son juzgados por delitos contra la propiedad privada – robos, asaltos y hurtos-, así como estafadores, o más recientemente, al cambiar nuestras sociedades de paradigmas, los que son reclutados por el narcotráfico en su guerra abierta con los centros de consumo mundial.
Los otros, cuando son “cazados” y al sistema judicial no le queda otra opción que mandarlos a encerrar, toman el asunto con calma y hasta como un “pequeño percance” que obliga entonces a unas cortas vacacioncitas.
Según Noticias Repretel, en el caso costarricense, hay un notorio desempeño de los tribunales de justicia en la importante persecución de estos primeros delincuentes, pues en el último año lograron librarnos de más de dos mil de ellos. No informó sobre condenados por delitos de “cuello blanco”.
Cada año se enviaba a prisión a unas 400 personas. Ahora la cifra aumentó a 2500 en un solo año. Parte de esta gran cantidad de condenas se debe al trabajo que realizan los Tribunales de Flagrancia de nuestro país, precisó.
Consignó que solo en San José se envió a la cárcel a más de 600 reincidentes. La cantidad de mujeres que entran en la delincuencia también aumentó. En el 2010 fueron a prisión 7 mujeres. Mientras que en el 2011 condenaron a 42.
Esta cantidad de condenas es positiva porque hay mucho menos delincuentes en la calle.
Sin embargo, en las cárceles donde ya había sobrepoblación no tienen dónde ponerlos.
Las autoridades de Justicia en nuestro país esperan que la gran cantidad de condenas sea un llamado de atención para que disminuya la delincuencia, informó el noticiero.
Centroamérica, tierra de contrastes
La frase que antecede –“Centroamérica, tierra de contrastes”, a decir verdad, pertenece a un bello anuncio televisivo que busca promocionar el turismo internacional en nuestra región. Sin embargo, cabe indicar que en el istmo cada vez quedan menos contrastes sociales, a no ser que cada vez son menos los ricos y los representantes de la clase media, en tanto el número de pobres y miserables aumenta y con ellos el caldo de cultivo para jueces, policía, agentes penitenciarios y el jugoso negocio público y privado que genera la inseguridad ciudadana.
Los más empobrecidos, generalmente con una educación precaria, sin empleo y bombardeados por la “vida fácil”, acaban sus días en el encierro, sobre todo a partir ya de un inexistente “Estado Social” enterrado años atrás por los Tratados de Libre Comercio. Los ricos disminuyen, pues la riqueza se concentra en pocos de ellos.
Para el más reciente “Informe de la Nación”, Centroamérica registra un incremento en los niños matriculados en la educación media, así como avances en la expectativa de vida de sus habitantes y programas de salud.
Me temo, empero, que ello obedece más a necesidades de los grandes “negocios” posesionados en la región desde hacen más de dos décadas, que a un verdadero empeño de los gobiernos y sus clases políticas para revertir los valores del consumismo y la adquisición de dinero fácil y cambiarlos por modelos fundamentales como de soberanía, alta autoestima como pueblos, perseverancia, no injerencia foránea y solidaridad.
Así, el Estado de La Nación 2011, sección Panorama Social, página 362, halló que la desigualdad en la distribución del ingreso en los países de istmo es elevada, aunque notó que en los últimos años se redujo en Panamá y El Salvador. No obstante, “persisten importantes desigualdades entre la población por razones de género, edad, etnia y lugar de residencia”, detalló.
La misma fuente en su XVI informe, sección “Equidad e integración social”, página 75, capítulo 2, es franca en cuanto a que la pobreza en el istmo total pasó del 16,7% en 2007 a 18,5% en el 2009, en tanto la extrema pasó en el mismo período de 3,3% a 4,2%..
En declaraciones dadas por el Ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Hernando París, al diario La Nación el pasado el 25 de febrero, el hacinamiento de reos en su país obedece principalmente a que se han construido otras obras, como escuelas, y no priorizado el levantamiento de presidios.
El encierro como única opción
La reciente muerte de más de 356 presos calcinados en una cárcel hondureña, puso las barbas en remojo a los distintos gobiernos del continente, en cuanto a la opción del encierro como remedio a la creciente delincuencia y a la abundante penalización de conductas en la zona, a partir, fundamentalmente, de la experiencia de la política de seguridad nacional de los años ochenta que organizó a los criminales más prominentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y el crimen organizado que incluye ahora, como maldición gitana, sicarios, trafico de estupefacientes y drogas, trasiego de pobres a Europa y Estados Unidos, negocio con armas de guerra, trata de blancas, esclavos y cuanto negocio cabe en la imaginación de estos grupos.
Recuérdese que muchos de estos “insignes” miembros empleados por la política de “seguridad nacional” practicaron el tiro al blanco con humanos; por lo tanto, ahora con excelente puntería, desde una moto en movimiento, acaban por encargo con la vida de cualquier mortal.
Desarrollaron “ejemplarizantes” tareas de “infiltración”, secuestros y posterior desaparición de potenciales “enemigos” de gobiernos como el chileno, argentino, peruano, uruguayo, etc., ampliando rápidamente sus enseñanzas aprendidas en West Point y la escuela de las América en Panamá a los regímenes ultraderechistas de Centroamérica. Ahora es tan fácil para ellos “inaugurar” una red para toda clase de negocios, reclutar por hambre al prójimo para ofrecerle un “excelente empleo” en el extranjero, aunque la persona nunca parezca ni acá ni allá.
Según la agencia Asociated Press (AP) recientemente hubo un cónclave de ministros y funcionarios de Seguridad y Defensa de Guatemala, Honduras y El Salvador que acordaron la búsqueda de “una solución” al hacinamiento en las cárceles centroamericanas, en el marco de nuevas medidas de seguridad en sus países.
La AP informó de que los ministros coincidieron en que “es necesario hacer esfuerzos para construir nuevos centros penales o mejorar los existentes”. La ayuda para estos menesteres vendría de organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Asediados por carencias de espacio, personal, justicia lenta e incumplida, falta de tecnología y contingente de pobladores cada vez más empobrecidos, estos gobiernos centroamericanos alistan, desde esta perspectiva pragmática, mejoras en su infraestructura carcelaria, bajo la misma premisa de hace cinco siglos: el encierro como opción y penalización de conducta sin mayores previsiones, en ocasiones obedeciendo a presiones o “modas” foráneas.
El gobierno de Guatemala, por ejemplo, acaba de anunciar que construirá una cárcel de máxima seguridad valorada en $9 millones, gracias a una donación del Gobierno taiwanés. Será la primera de máxima seguridad, por su sofisticación tecnológica, de un total de 20 cárceles en el país, según dijo a la prensa el Ministro de Gobernación, Nery Morales.
En el caso salvadoreño, el Ministerio de Justicia y Seguridad anunció en noviembre la creación de un centro penitenciario intermedio en Ilobasco, departamento de Cabañas. Se dijo entonces que se invertirán $9 millones, pero según autoridades relacionadas con el sector, aún no hay un anuncio concreto de cuándo arrancarán las obras.
Honduras, en cambio, está por inaugurar en San Pedro Sula una segunda unidad de máxima seguridad para 200 presos peligrosos. Estará en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en el valle de Támara, norte de Tegucigalpa.
Por su parte, Panamá construye el centro carcelario La Nueva Joya, por valor de $148 millones y adjudicado al Consorcio UM Panamá. La obra reemplazará a las actuales instalaciones de La Joya y La Joyita y albergará a 5.500 reos en 11 pabellones sobre un área de 160 hectáreas en Pacora, en el área metropolitana de la capital.
En el caso costarricense, Hernando París, ministro de Justicia, destacó que se planea invertir $74,3 millones en nuevos módulos que aportarían 2.700 espacios adicionales de mediana y baja contención en instalaciones carcelarias ya existentes. Agregó que se prevé invertir $54,8 millones en crear siete Centros Cívicos para la Paz, que serán sitios de atención a jóvenes y niños en riesgo para incentivar la convivencia con deporte, arte y fomento vocacional e incorporarlos a la sociedad.
Se agregarán a éstos siete centros de mediación y orientación al ciudadano que serán recintos dirigidos a la resolución pacífica de conflictos como violencia familiar y otros. El financiamiento se enmarca en el crédito por $132 millones que el Gobierno suscribió en mayo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los centros deberían estar en funcionamiento en el primer trimestre del 2013.
Suramérica: llorar o reír
La imagen divulgada por la cadena Caracol de Colombia dejó al descubierto dos elementos “ normales” en los presidios latinoamericanos: La de los presos provenientes de los llamados delitos de “cuello blanco” – corrupción y tráfico de influencia, principalmente- que cuando son “cazados”, pocas veces sucede, son tratados en presidio como “ilustres” huéspedes; y los hijos de vecina que entran y salen del sistema penal, a veces por circunstancias socioeconómicas- hambre, desempleo, bajo nivel educacional- sin que el modelo penitenciario ofrezca opción para integrarse a la vida productiva y claramente estigmatizados para un nuevo retorno a su antiguo módulo
En todo caso ya la Oficina la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acaba de denunciar un “alarmante patrón de violencia en las prisiones de Latinoamérica”, debido al “endémico problema” de superpoblación de las cárceles en la región.
“El mayor problema de la prisiones en Latinoamérica es la superpoblación. De media, las prisiones albergan un 30% más de prisioneros de lo que deberían, pero en muchos casos se llega hasta el 100%, lo que facilita las tragedias”, puntualizó recientemente en rueda de prensa el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.
“La Oficina está preocupada porque los problemas que afectan a las prisiones no se limitan a Honduras. Hace pocas semanas, hubo una ola de violencia en las prisiones de Latinoamérica, y se perdieron vidas en Uruguay, Argentina, Venezuela y Chile”, cita el comunicado distribuido por el organismo.
Para la oficina de la Alta Comisionada, estos eventos demuestran un “patrón de violencia en la región, que es una consecuencia directa -y se agrava – por una larga lista de problemas endémicos que incluyen cárceles saturadas de forma crónica, y la falta de acceso básico a condiciones higiénicas mínimas”, agrega. Colville afirmó que esta situación se exacerba por la lentitud de la Justicia y por el «abuso» del uso de la prisión preventiva.
Al incursionar la mayoría de países Latinoamérica en la guerra contra el narcotráfico y al penalizar nuevas conductas, como las relacionadas con actuaciones de flagrancia, permitiendo además prolongadas detenciones sin juicio, el modelo del encierro como única opción colapsó también los sistemas judiciales.
Con el agravante que viejos institutos de la Edad Media amenazan con su retorno hasta llevarnos a una disfrazada privatización de la justicia, llámese esta “solución alternativa para dirimir conflictos” o, simplemente, tomando cada grupo humano la justicia por su cuenta.
Periodista, abogado y notario UCR
