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Municipio de Acosta autoriza pago millonario a auditor por Convención Colectiva

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El alcalde de Acosta, Norman Hidalgo, incluyó en el presupuesto de 2017, el pago de 7,4 millones al auditor Pedro Juárez por "retribución de años servidos".

(SAN JOSÉ, COSTA RICA, 08 DE SEPTIEMBRE, 2017-EL JORNAL). El auditor del Municipio de Acosta, Pedro Juárez, recibirá en 2017, la suma de ¢7,4 millones como beneficio por la Convención Colectiva, luego de que ese pago fuera incluido en el presupuesto por parte del alcalde Norman Hidalgo y su vez lo aprobara el actual Concejo Municipal.

El pago fue autorizado por Hidalgo pese a que en 2015, el entonces alcalde Luis Durán denunciara ante el concejo la anomalía, motivo por el cual el concejo creó un órgano director para estudiar el caso.

Tras las consultas respectivas, la denuncia fue presentada en la Procuraduría General de la República (PGR), que, por un tecnicismo, la rechazó. No obstante, desde el 2015 ese pago estaba suspendido, hasta que Hidalgo lo incluyó en el presupuesto del presente año.

Según la Contraloría General de la República (CGR), en respuesta a una consulta realizada por EL JORNAL,  ningún auditor municipal puede disfrutar de los beneficios de la Convención Colectiva que cada ayuntamiento establece con sus empleados.

Así respondió la Contraloría por medio de prensa y el Área de Desarrollo Local: “La jurisprudencia constitucional, de la PGR y de la CGR señala que el Auditor interno está excluido de los beneficios de la Convención Colectiva, en razón de la incompatibilidad de sus labores legales -básicamente Ley Gral de Control Interno- de frente a un instrumento que debe fiscalizar”.

Y agrega la Contraloría en su respuesta: “En tercer lugar, dentro de los funcionarios cuya labor resulta incompatible con la aplicación de la convención colectiva, se encuentran los auditores municipales. Esta Procuraduría, en sus dictámenes C-260-98, C-044-99 y C-032-2002, entre otros, ha indicado que tales funcionarios no podrían considerarse protegidos por una convención colectiva. En esos casos, la incompatibilidad entre el ejercicio de labores de control y recibir los beneficios de una convención colectiva es evidente”.

Y remata así su contestación la Contraloría: “Los funcionarios encargados de garantizar el cumplimiento de los fines institucionales (artículo 13 inciso c- de la Ley General de Control Interno), así como de asegurar a la ciudadanía que la actuación de los jerarcas y del resto de la Administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas (artículo 21 de la misma Ley) no podrían estar cubiertos por un instrumento cuya adecuada negociación y debida aplicación están llamados a fiscalizar. (Dictamen 040-2005)”.

Al respecto, EL JORNAL envió, por escrito, cinco consultas al concejo municipal el 25 de agosto de 2017, sin que hasta ahora se haya recibido una respuesta a las consultas. Lo único que se ha recibido es que el conejo solicitará, no precisa a quién, la información para responder. Cuándo, tampoco se precisa.

HISTORIA DEL CASO

Durante la gestión del alcalde Rónald Durán, Juárez comenzó a recibir el beneficio de la Convención Colectiva, el que, según se apreció líneas arriba, es incompatible con su función.

Posteriormente, en 2015, cuando el alcalde Luis Durán se percató de la situación, quiso corregirla y la denunció ante el concejo, que procedió a crear el órgano director.

Tras ello, dicho pago quedó suspendido al auditor, hasta que el alcalde Norman Hidalgo incluyó los supuestos pagos atrasados y los actuales en el presupuesto de 2017, que alcanza la suma de ¢7,424.247.70.

Al insistirle a la Contraloría si tenía en conocimiento el caso del auditor Juárez y la Convención Colectiva, dijo que no podía responder con precisión a dicha consulta, al tiempo que admitió que sí hay una denuncia en curso y en estudio respecto a la Municipalidad de Acosta.

“Sobre su consulta le informamos de que el Área de Denuncias e Investigaciones tiene en análisis una gestión de la Municipalidad de Acosta, sin embargo, se trata de una denuncia, por lo que es confidencial; por normativa no se puede revelar el denunciante o el denunciado”.

De confirmarse por parte de la Contraloría y la Procuradureia el pago indebido, los alcaldes involucrados –Rónald Durán, Luis Durán y Norman Hidalgo—tendrán que rendir cuentas, así como los respectivos concejos municipales, incluido el actual.

 

 

 

 

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