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La cara oculta de la “democratadura”

PALESTRA

Rafael Ángel Ugalde

rafaelangelu@yahoo.com

(San José, 04 diciembre, 2012). Todo comenzó a principio del noventa. La agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (AID)  sondeó que  el negocio futuro  no estaba en lo “igualitico” de los bancos estatales y decidió sacarse de la manga una nueva casta de ricos banqueros. Lo demás es historia.

La supuesta equidad social que el legislador constituyente incluyó como obligación del Estado se reformó a base de  praxis, y aunque pocos se percataron, hoy es una muestra de “gobernabilidad”: al 20% de los trabajadores no les pagan aguinaldo: ¡Qué importa lo que diga  la Constitución Política!

Un amplio reportaje en telenoticias   consignó hace pocas horas que las grandes compañías piñeras tienen, casi aen situación  de esclavitud a sus peonadas,  haciéndolos trabajar  hasta  doce horas, sin pago de horas extras y sin seguridad social. Para burlar el pago a la Caja Costarricense del Seguro Social algunos de los dueños de estas haciendas contratan a un testaferro, quien a la vez subcontrata los peones y así, el principal beneficiado con el negocio, no paga cargas sociales. Un alto funcionario del Ministerio de Trabajo alertado sobre el problema expuso al canal que solo cuentan con  90 inspectores de trabajo..

Así, una larga lista de artículos de la Constitución Política, están reducidos a poemario.  La norma  58 de la Carta Magna ordena que la .jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados

Otra disposición constitucional reducida a poema es el artículo 56  que a la postre dice que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía.El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.

Sin embargo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  Costa Rica en   el 2011, con un   7.7% de desocupados,  estaba por arriba de la tasa promedio de desempleados para América latina y el Caribe, que era de un 6,8% en ese año.

La contradicción entre lo que dice la Constitución como fuente suprema y lo que hace  nuestra clase política  tiene minada la confianza del costarricense. Una encuesta realizada por la Facultad de Economía de  la Universidad de Costa Rica (Diario Extra 29/11/12, pág 19)  da cuenta que califican con 40 la confianza en la economía para los próximos meses.

Y no es que la economía costarricense presente algún retroceso, por el contrario está boyante en cuanto a las exportaciones y el turismo, este último ileso en gran medida con la crisis en Europa y Estados Unidos. No obstante, una lectura del último Informe del Estado de la Nación nos remite inmediatamente a que los beneficios de la floreciente economía tica se quedan en unas cuantas familias, las mismas que abogan por el “libre comercio” que ya sabemos cómo funciona y para quienes. Por el contrario, en una conmovedora manifestación, de más de 600 que lleva el gobierno liberacionista de Laura Chinchilla, los salmoneros denunciaron que el sector turismo y servicios en  restaurantes pretenden hacerlos trabajar sin salario y vivir de las propinas. Es decir dela misericordiadel consumidor.

LA IMITACION INFERNAL

Justo es aclarar que esta situación no es del gobierno de la presidenta Chinchilla. Endosar a ella toda esta contradicción es el resultado de análisis superficiales, sin mayores rigores que no sea el de saciar precandidaturas. Comenzó mucho antes. Solo hay que recordar algunos cambios en la vida política que se hicieron, igual que en la actual Constitución, sin mayor percate de los ciudadanos.

La Sala Constitucional concesiona la reelección presidencial; la aprobación a cómo haya lugar del TLC, elección de una oresidenta, cuyos ministros en áreas estratégicas venían del gobierno anterior, mayoría de instituciones “colonizadas”, utilizando este {ultimo termino como lo hizo el magistrado Fernando Cruz, etc. Sin embargo, lo  grave del asunto radica, políticamente hablando, que Chinchilla ante la poca posibilidad de maniobra hizo una liga infernal.

En lo económico escogió el camino conservador de algo así cómo Mariano Rajoy, en España, y en materia de justicia y seguridad recurrió a Colombia. No es extraño que recientemente el Sindicato de Educadores costarricenses (SEC) y otros gremios acudieran a la calle para rechazar la disminución de derechos socioeconómicos.

El secretario General del SEC, Rodrigo Aguilar, es del criterio que de quitarles a los maestros esos «pluses» los condenarían al hambre. Pues bien, de qué se extrañan?, acaso Rajoy no ordenó rebajar los salarios a los españoles a fin de no solventar el déficit fiscal.

Paradójicamente en España para esos momentos trascendió que Rajoy  pretendía exonerar de enormes pagos de impuestos a los grandes bancos y empresas automovilísticas; en nuestro país, el ex ministro de seguridad pública, Fernando Berrocal denunció que el gobierno gastará siete mil millones de colones en la compra de dos helicópteros de lujo.

Amén de los 25 mil millones de colones “invertidos” en la trocha fronteriza, los milloncillos de dólares que no cuesta ya la famosa platina, etc .Y en materia de seguridad : abogaremos por la extradición de costarricenses porque carecemos de cárceles para el narcotráfico, con argumentos parecidos Colombia nos ganó.

Nuestro gobierno, una vez firmada la pipa de la paz con el presidente de la Corte Luis Paulino Mora, aboga a favor de que la policía intervenga las comunicaciones de los ciudadanos,  como ya lo hace la policía administrativa colombiana. Por ahora nos diferenciamos de la democracia colombiana de que aún no tenemos jueces con rostros cubiertos.

Aclaración necesaria: el vocablo “democratura” lo tomo del  valiente magistrado Fernando Cruz para definir los intentos de hacernos vivir en una dictadura disfrazada de democracia. Su entereza emociona y me  hace pensar   que en el país aún hay  una inagotable fuente de dignidad.

Periodista, abogado y notario U

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