RESPUESTA:
(SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE, 2021-EL JORNAL). La administración pública – en este caso el Poder Ejecutivo (el presidente y el ministro del ramo)- está autorizado “legalmente” a realizar pruebas y evaluaciónes. Sin embargo, no todo lo que parece legal, es constitucionalmente valido. Conforme usted lo plantea hay un exceso de las prerrogativas legales, que violentaron el artículo 24 de la Carta Marga, en cuanto al derecho a la privacidad y extralimitación de datos ciudadanos, así como el desconocimiento absoluto y bárbaro del artículo 5 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, entre otros.
Corolario de la anterior quiero decirle que el abuso del derecho y el autoritarismo de nuevo cuño contra los ciudadanos ya tienen varios años de aplicarse en nuestro país, como parte de una “autoridad superior” desconocida, empeñada en controlarnos absolutamente en todo. Penalmente, en un verdadero Estado de derecho, podrían caber eventuales responsabilidades a las autoridades que, por omisión o acción, interpretaron a su antojo la Constitución y las Convenciones sobre datos y menores, prostituyendo la facultad de realizar “evaluaciones”.
